Archivos Diarios: 7 May, 2015

LEY N° 5016 – Bases para el Procedimiento - Medidas Cautelares

LEY NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

TITULO VII

Bases para el Procedimiento

Capítulo 2

Medidas Cautelares

Artículo 104.- Aprehensión de personas.

La autoridad de aplicación competente podrá aprehender a toda persona sorprendida, conduciendo un vehículo en la vía pública, pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos u otras sustancias que afecten su capacidad de reacción, así como con agotamiento o discapacidades físicas o psíquicas que la inhabiliten para conducir un vehículo automotor.

También deberá proceder a la detención de las personas que se encuentren, conduciendo en la vía pública un vehículo automotor, pese a carecer de la licencia de conducir o estando inhabilitada para hacerlo.

En los casos señalados precedentemente, la autoridad de aplicación competente que hubiera realizado la aprehensión, deberá entregar inmediatamente la persona aprehendida a la autoridad policial más cercana, debiendo esta comunicar dicha aprehensión al Ministerio Público y al Juez Penal de Garantías, dentro del plazo establecido para el efecto en el Código Procesal Penal.

Para el cabal cumplimiento de la presente Ley, de las resoluciones dictadas en consecuencia y de las medidas de urgencia o sentencias, la Policía Nacional prestará de inmediato la asistencia que sea requerida por el Juzgado de Instrucción o Sumariante o por la autoridad competente de la dependencia interviniente; para lo cual estas deberán acompañar copia auténtica de la documentación correspondiente.

Artículo 105.- Requisitos para la aprehensión.

Es requisito para la autoridad competente que al tiempo de la aprehensión se cuente con elementos de convicción suficientes que acrediten la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

En caso de no contar con dicho elemento, un examen médico deberá ser practicado dentro de las 6 (seis) horas siguientes, a fin de acreditar el estado del aprehendido.

La aprehensión se extenderá por el tiempo necesario para recuperar el estado normal, pero en ningún caso podrá exceder de 6 (seis) horas. Si pasado este lapso, la persona siguiese bajo los efectos de la sustancia ingerida, se procederá a su liberación, previa comunicación al Ministerio Público y al Juzgado de Garantías; no obstante, el vehículo deberá quedar bajo la custodia y responsabilidad de la autoridad interviniente, hasta tanto su titular esté en condiciones de retirarlo o que un tercero lo haga con la debida autorización de aquel.

Artículo 106.- Casos de retención de licencias y vehículos.

La autoridad competente deberá retener las licencias o los vehículos, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento:

a)Las licencias de conducir habilitantes, cuando:

  1. Estuvieren vencidas, en cuanto a su vigencia quinquenal se refiere.
  1. Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.
  1. No se ajusten a los límites de edad correspondientes.
  1. Sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, con relación al tiempo de serle otorgada, excepto a las personas con discapacidad debidamente habilitadas.
  1. El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

b)Los vehículos cuando:

  1. Su conductor habiendo participado en un accidente de tránsito, haya pretendido darse a la fuga.
  1. Su conductor se halle bajo intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales.
  1. No se encuentren legalmente habilitados, carezca del documento acreditativo o se encuentre vencido.
  1. No cumplan con las exigencias de seguridad reglamentaria establecidas en los Artículos 50, 51 y 52 de esta Ley o no cuenten con la constancia de haber aprobado la revisión técnica obligatoria dispuesta por el Artículo 53. En estos casos, la autoridad interviniente labrará un acta provisional. Cuando el titular acreditara, dentro de los 3 (tres) días, haber subsanado la falta, el acta quedará anulada. De no subsanarse la falta dentro del plazo citado, el acta se convertirá en definitiva, dando lugar a la iniciación del procedimiento correspondiente.
  1. No cuenten con cobertura vigente del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) y/o el distintivo adhesivo que lo acredite.
  1. En los casos en que la falta lo permitiere, la retención durará el tiempo necesario para labrar el acta; no así cuando el requisito faltante ponga en peligro la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las condiciones, que para los servicios de transporte de pasajeros o de carga, establece la autoridad competente.
  1. Si son conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehículos que conducen, inhabilitadas para conducir, con habilitación suspendida o que no cumplan con las edades reglamentarias para cada tipo de vehículo. En tal caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada, caso contrario el vehículo será removido y remitido al lugar que indique la autoridad competente interviniente, donde será entregado a quienes acrediten su propiedad o tenencia legítima, previo pago de la multa correspondiente y los gastos que haya demandado el traslado.
  1. Se comprobare que estuviere o circulare excedido en peso o en sus dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre transporte de cargas en general o de sustancias peligrosas, ordenando el desalojo de la carga excedente del vehículo utilizado en la comisión de la falta.
  1. Estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos, o con exceso de pasajeros y/o carga transportada.
  1. Cuando estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad, cuando ocupen lugares destinados a vehículos de emergencias o de servicio público de pasajeros; cuando fueren abandonados en la vía pública y cuando por haber sufrido deterioros no pueden circular y no fueren reparados o retirados de inmediato. Estos vehículos serán remitidos al lugar que indique la autoridad competente actuante, donde serán entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia, previo pago de la multa correspondiente; fijando la reglamentación el plazo máximo de permanencia y el destino a darles una vez vencido el mismo. Los gastos que demande el procedimiento, serán con cargo a los propietarios y abonados en forma previa a su retiro.
  1. En caso que el vehículo retenido por la comisión de una falta, no fuera retirado del corralón o depósito que habilite la autoridad de aplicación por el propietario o su representante, luego de trascurrido 6 (seis) meses de haber sido notificado por el Juzgado de Faltas interviniente, personalmente por cédula de notificación o telegrama colacionado; dicho vehículo será comisado y rematado en subasta pública, quedando el remanente de la venta a favor de la Institución interviniente.

c) La documentación y los vehículos, ya sean de vehículos particulares, de transporte de pasajeros público o privado o de carga, cuando:

  1. No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
  1. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo consignado en la documentación y el vehículo verificado.
  1. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los mismos o su habilitación.
  1. Estén prestando un servicio de transporte automotor de pasajeros careciendo de permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos en la normativa vigente, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran aplicarse.

Artículo 107.- Obligación de sometimiento a pruebas.

Todo conductor de vehículos y los involucrados en un accidente de tránsito debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por sustancias estupefacientes o sicotrópicas en el momento del hecho.

La autoridad de aplicación deberá practicar la prueba por separado, respetando la dignidad del presunto infractor, pudiendo filmar o fotografiar el acto.

La negativa a realizar la prueba constituye falta gravísima, salvo causa debidamente justificada.

En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible, asegurar su acreditación y cadena de custodia.

Los médicos que detecten en sus pacientes una enfermedad, intoxicación, disminución o pérdida de función o ausencia de un miembro, que tenga incidencia en la idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles que no pueden hacerlo o informarles de las precauciones que deberán adoptar en su caso. Igualmente, deberán hacerlo cuando prescriban drogas que produzcan tal efecto.

LEY N° 5016 – Bases para el Procedimiento - Principios

LEY NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

TITULO VII

Bases para el Procedimiento

Capítulo 1

Principios

Artículo 97.- Falta o contravención. Definición y aplicación de sanciones.

Se entenderá por falta o contravención, toda acción u omisión calificada como tal, que transgreda cualquier disposición prevista en esta Ley.

La autoridad de tránsito, en la esfera de las competencias establecidas en esta Ley, será la encargada de aplicar las sanciones previstas en ella a los infractores.

Artículo 98.- Principios generales.

 El procedimiento de aplicación y sanción debe en todos los casos:

  • a) Asegurar el debido proceso y el derecho de defensa del presunto infractor.
  • b) Adoptar en la documentación de uso general, un sistema práctico y uniforme que permita la fácil detección de su falsificación o violación.

Artículo 99.- Deber de las autoridades. 

Las autoridades competentes deben observar las siguientes reglas:

a)En materia de comprobación de faltas:

  1. Actuar de oficio o por denuncia.
  1. Investigar la posible comisión de faltas en todo accidente, siniestro o hecho de tránsito.
  1. Identificarse ante el presunto infractor, indicándole la dependencia o institución a la que pertenece.
  1. En caso de falta gravísima o cuando el vehículo deba ser retenido, utilizar un formulario de acta, que cuanto menos contenga los datos señalados en el Artículo 102 de la presente Ley, entregando copia al presunto infractor; salvo que éste no se identifique o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella, con indicación individualizada de por lo menos dos testigos, si los hubiere. En los casos de faltas leves y graves, el funcionario interviniente solo expedirá al conductor, una boleta de contravención por la falta cometida.

b)En materia de juzgamiento:

  1. Aplicar esta Ley con prioridad sobre cualquier otra norma que regule la misma materia.
  1. Presumir la inocencia del infractor.
  1. Comunicar detalladamente al infractor la falta que se le atribuye, poniendo a su disposición toda la documentación relativa a las actuaciones realizadas hasta ese momento.
  1. No sancionar al infractor más de una vez por la misma falta.
  1. No aplicar otras normas por analogía, ni efectuar interpretaciones extensivas.
  1. Evaluar los hechos y las pruebas con sujeción a las reglas de la sana crítica.
  1. Dictar resolución de oficio en casos en los que habiendo sido debidamente citado un presunto infractor, este no haya comparecido y haya sido declarado rebelde, aplicando a tal efecto, y en lo que fuere pertinente, lo establecido en el Código Procesal Civil.
  1. Aplicar la norma que sea más favorable al infractor, si la calificación o el monto de las sanciones fuera modificado antes de concluido el proceso. Si la acción u omisión que constituya falta dejara de serlo, el sumario se dará por concluido y el supuesto infractor será sobreseído.

Artículo 100.- Contenido del Acta de Constatación de Infracciones.

El funcionario competente que constate uno o varios hechos que pudieran constituir faltas, labrará un acta en el lugar del suceso. El acta contendrá la siguiente información:

  • a)Lugar, fecha y hora del hecho, si se pudiere, y de la constatación del mismo.
  • b)Nombre y domicilio del presunto infractor, en caso de que pueda ser determinado, así como de testigos, si los hubiere.
  • c)Descripción de la naturaleza y de las circunstancias del hecho constatado.
  • d)La disposición legal presuntamente infringida.
  • e)La firma del funcionario interviniente con aclaración de nombre y cargo.
  • f)La firma del presunto infractor o, en su defecto, las firmas e identificación de los testigos, si los hubiere.

Artículo 101.- Remisión del Acta de Constatación de Infracciones.

La Jefatura de la dependencia interviniente, en cada caso, remitirá a la autoridad competente, el acta de intervención aludido en el artículo anterior y, en su caso, los informes técnicos y demás elementos de juicio recogidos para la aplicación de la sanción correspondiente. En los casos de faltas graves o gravísimas, los antecedentes serán remitidos al juez de instrucción para la realización del correspondiente sumario.

Artículo 102.- Valor probatorio del Acta de Constatación.

Las actas de intervención labradas regularmente y no refutadas válidamente en el proceso, robustecidas con otros elementos de convicción, serán consideradas por el juez como suficiente prueba para dictar su fallo.

El acta de intervención tendrá carácter de declaración testimonial para el funcionario interviniente y para los testigos que la suscribieron, cuando estos se hayan ratificado.

Artículo 103.- Remisión de antecedentes.

Todo supuesto infractor que se domicilie a más de 60 (sesenta) kilómetros del asiento del juzgado competente, en razón del lugar donde acontecieron los hechos, tendrá derecho a ser juzgado ante el juez competente de la jurisdicción de su domicilio. Cuando el presunto infractor se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer.

Cuando el presunto infractor acredite necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser mayor de 60 (sesenta) días, salvo razones debidamente comprobadas que justifiquen una postergación mayor.

En todos los casos, el cumplimiento de la sanción que fuere aplicada, deberá hacerse en la jurisdicción del lugar donde se cometió la infracción.

El domicilio será el que conste en la Licencia de Conducir o el último que figure en la cédula de identidad, si el cambio de este último fuere posterior al que obra en la Licencia de Conducir.

Las disposiciones contenidas en este artículo no entrarán en vigencia, hasta tanto se arbitren los medios y recursos necesarios para la puesta en funcionamiento del organismo que se encargará de la tarea de juzgamiento en cada jurisdicción que disponga la autoridad competente.

LEY N° 5016 – La circulación - Accidentes de tránsito

LEY NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

TITULO VI

La circulación

Capítulo 5

Accidentes de tránsito

Artículo 92.- Accidente, siniestro o hecho de tránsito. Presunciones de responsabilidad.

Se considera accidente, siniestro o hecho de tránsito, todo hecho que produzca daño en personas o cosas, como consecuencia de la circulación de un vehículo.

Se presume responsable de un accidente de tránsito a la persona que por imprudencia, negligencia o impericia, cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, no respetando las normas de tránsito, salvo prueba en contrario.

El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor, en tanto no haya incurrido en violaciones a las reglas del tránsito.

Artículo 93.- Obligaciones en caso de accidentes.

Es obligatorio para quienes participen de un accidente de tránsito:

  • a) Detenerse inmediatamente en el lugar del hecho.
  • b) En caso de accidentes con víctimas, ejercer y buscar el inmediato socorro de las personas lesionadas.
  • c) Señalizar adecuadamente el lugar, de modo a evitar riesgos a la seguridad de los demás usuarios.
  • d) No retirar los rodados involucrados del lugar del hecho, sin autorización de las autoridades competentes.
  • e) Suministrar a la otra parte y a la autoridad competente interviniente, sus datos personales, los del vehículo y la constancia de contratación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente. Si los mismos no estuvieren presentes, debe adjuntar tales datos adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado.
  • f) Denunciar el hecho ante la autoridad competente.
  • g) Comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento o de investigación administrativa cuando sean citados.

Artículo 94.- Análisis estadístico para prevención de accidentes.

 Acta de Constatación de Accidentes de Tránsito. Investigaciones técnico-administrativas específicas. Los accidentes del tránsito serán estudiados y analizados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial con fines estadísticos y para establecer su causalidad y obtener conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevención. Los datos serán de carácter público.

En todos los accidentes, el funcionario policial o municipal interviniente labrará un acta con los datos que resulten de la comprobación que realice en el lugar de los hechos y la denuncia de las partes, entregando a estas una copia del documento en el mismo acto, siempre que fuere posible. El original será remitido, a la autoridad administrativa competente, a fin de instruir el correspondiente sumario. Otra copia autenticada será remitida a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a los efectos estadísticos y de registro.

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial deberá confeccionar un modelo de acta única de constatación de Accidentes de Tránsito, la cual será utilizada por las autoridades de aplicación.

En los siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad justifiquen, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial ordenará una investigación técnico-administrativa, a realizarse por funcionarios especializados de la misma, quienes tendrán acceso a los objetos y personas involucradas, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública, si correspondiere. También podrán pedir a los organismos oficiales y privados, la información relacionada con el hecho investigado. Las instituciones requeridas estarán obligadas a suministrar la información solicitada.

Artículo 95.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que será establecido por Ley y exigible en todo el territorio de la República, es un seguro de tipo social, que prescinde de la determinación de la culpa incurrida por los involucrados en el siniestro. Su cobertura abarca los gastos correspondientes a la atención médica y quirúrgica, los gastos farmacéuticos, hospitalarios, de internación, la incapacidad permanente; así como los de transporte para la atención inmediata de los lesionados, en las cuantías establecidas por víctima en el correspondiente reglamento para las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en el territorio nacional.

Todo vehículo a motor que circule por la vía pública debe estar cubierto por un seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se regirá por las normas que rigen la materia o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Igualmente resultará obligatorio el seguro para los ciclomotores, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y motocargas, en las mismas condiciones de cobertura que rige para los automotores.

Los vehículos de transporte público de pasajeros deberán tener contratado el seguro obligatorio de accidentes a pasajeros, además del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT).

La vigencia de la póliza del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) será anual y deberá contratarse con cualquier Compañía de Seguros establecida en el país y que tenga autorización para operar en el ramo de automóviles; estando obligada a otorgar el seguro establecido en este artículo y entregar al asegurado el comprobante o póliza que acredita la contratación del mismo, como un distintivo adhesivo que identifique que el vehículo cuenta con cobertura. Para todos los efectos, el documento del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) será considerado documento público.

Las tarifas de la póliza del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) serán definidas anualmente por la Superintendencia de Seguros y estarán expresadas en jornales mínimos legales.

Para efectos del establecimiento del valor de las pólizas, la Superintendencia de Seguros deberá adelantar los estudios actuariales que permitan definir una tarifa que cumpla con los principios de suficiencia, moderación y equidad e informar al público su valor, conforme al tipo de vehículo, con al menos un mes de anticipación de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

Las denuncias de siniestro se recibirán con base al Acta Unica de Constatación de Accidentes de Tránsito, en ocasión del accidente.

Los gastos enunciados en el primer párrafo serán abonados de por el asegurador al prestador del servicio. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del asegurado o sus derechohabientes.

En ningún caso, el prestador del servicio de salud público o privado podrá negarse a brindar a la víctima de cualquier accidente de tránsito, la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, internación y de transporte, necesaria para lograr la recuperación de su salud. El Ministerio de la Salud Pública y Bienestar Social establecerá las sanciones para los centros de salud, sanatorios u hospitales que incumplan esta disposición.

La compañía aseguradora podrá repetir contra el responsable del accidente, por cualquier suma que se haya pagado como indemnización por Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), cuando este al momento del mismo haya actuado con dolo o culpa grave.

Las Compañías Aseguradoras prestatarias del servicio destinarán a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial una contribución que será establecida por la Superintendencia de Seguros en un porcentaje sobre las primas que recauden anualmente del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), para colaborar con el cumplimiento de sus fines.

Artículo 96.- Inscripción registral del automotor. Obligatoriedad de presentación del SOAT.

El Registro Unico del Automotor y la Dirección Nacional del Registro de Automotores no tramitarán las solicitudes de inscripción o traspaso, ni emitirán la tarjeta de circulación o permiso especial alguno, sin que el propietario del vehículo demuestre haber suscripto la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y que la misma se encuentre vigente.