LEY N° 5016 – Bases para el Procedimiento - Medidas Cautelares

LEY NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

TITULO VII

Bases para el Procedimiento

Capítulo 2

Medidas Cautelares

Artículo 104.- Aprehensión de personas.

La autoridad de aplicación competente podrá aprehender a toda persona sorprendida, conduciendo un vehículo en la vía pública, pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos u otras sustancias que afecten su capacidad de reacción, así como con agotamiento o discapacidades físicas o psíquicas que la inhabiliten para conducir un vehículo automotor.

También deberá proceder a la detención de las personas que se encuentren, conduciendo en la vía pública un vehículo automotor, pese a carecer de la licencia de conducir o estando inhabilitada para hacerlo.

En los casos señalados precedentemente, la autoridad de aplicación competente que hubiera realizado la aprehensión, deberá entregar inmediatamente la persona aprehendida a la autoridad policial más cercana, debiendo esta comunicar dicha aprehensión al Ministerio Público y al Juez Penal de Garantías, dentro del plazo establecido para el efecto en el Código Procesal Penal.

Para el cabal cumplimiento de la presente Ley, de las resoluciones dictadas en consecuencia y de las medidas de urgencia o sentencias, la Policía Nacional prestará de inmediato la asistencia que sea requerida por el Juzgado de Instrucción o Sumariante o por la autoridad competente de la dependencia interviniente; para lo cual estas deberán acompañar copia auténtica de la documentación correspondiente.

Artículo 105.- Requisitos para la aprehensión.

Es requisito para la autoridad competente que al tiempo de la aprehensión se cuente con elementos de convicción suficientes que acrediten la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

En caso de no contar con dicho elemento, un examen médico deberá ser practicado dentro de las 6 (seis) horas siguientes, a fin de acreditar el estado del aprehendido.

La aprehensión se extenderá por el tiempo necesario para recuperar el estado normal, pero en ningún caso podrá exceder de 6 (seis) horas. Si pasado este lapso, la persona siguiese bajo los efectos de la sustancia ingerida, se procederá a su liberación, previa comunicación al Ministerio Público y al Juzgado de Garantías; no obstante, el vehículo deberá quedar bajo la custodia y responsabilidad de la autoridad interviniente, hasta tanto su titular esté en condiciones de retirarlo o que un tercero lo haga con la debida autorización de aquel.

Artículo 106.- Casos de retención de licencias y vehículos.

La autoridad competente deberá retener las licencias o los vehículos, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento:

a)Las licencias de conducir habilitantes, cuando:

  1. Estuvieren vencidas, en cuanto a su vigencia quinquenal se refiere.
  1. Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.
  1. No se ajusten a los límites de edad correspondientes.
  1. Sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, con relación al tiempo de serle otorgada, excepto a las personas con discapacidad debidamente habilitadas.
  1. El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

b)Los vehículos cuando:

  1. Su conductor habiendo participado en un accidente de tránsito, haya pretendido darse a la fuga.
  1. Su conductor se halle bajo intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales.
  1. No se encuentren legalmente habilitados, carezca del documento acreditativo o se encuentre vencido.
  1. No cumplan con las exigencias de seguridad reglamentaria establecidas en los Artículos 50, 51 y 52 de esta Ley o no cuenten con la constancia de haber aprobado la revisión técnica obligatoria dispuesta por el Artículo 53. En estos casos, la autoridad interviniente labrará un acta provisional. Cuando el titular acreditara, dentro de los 3 (tres) días, haber subsanado la falta, el acta quedará anulada. De no subsanarse la falta dentro del plazo citado, el acta se convertirá en definitiva, dando lugar a la iniciación del procedimiento correspondiente.
  1. No cuenten con cobertura vigente del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) y/o el distintivo adhesivo que lo acredite.
  1. En los casos en que la falta lo permitiere, la retención durará el tiempo necesario para labrar el acta; no así cuando el requisito faltante ponga en peligro la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las condiciones, que para los servicios de transporte de pasajeros o de carga, establece la autoridad competente.
  1. Si son conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehículos que conducen, inhabilitadas para conducir, con habilitación suspendida o que no cumplan con las edades reglamentarias para cada tipo de vehículo. En tal caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada, caso contrario el vehículo será removido y remitido al lugar que indique la autoridad competente interviniente, donde será entregado a quienes acrediten su propiedad o tenencia legítima, previo pago de la multa correspondiente y los gastos que haya demandado el traslado.
  1. Se comprobare que estuviere o circulare excedido en peso o en sus dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre transporte de cargas en general o de sustancias peligrosas, ordenando el desalojo de la carga excedente del vehículo utilizado en la comisión de la falta.
  1. Estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos, o con exceso de pasajeros y/o carga transportada.
  1. Cuando estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad, cuando ocupen lugares destinados a vehículos de emergencias o de servicio público de pasajeros; cuando fueren abandonados en la vía pública y cuando por haber sufrido deterioros no pueden circular y no fueren reparados o retirados de inmediato. Estos vehículos serán remitidos al lugar que indique la autoridad competente actuante, donde serán entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia, previo pago de la multa correspondiente; fijando la reglamentación el plazo máximo de permanencia y el destino a darles una vez vencido el mismo. Los gastos que demande el procedimiento, serán con cargo a los propietarios y abonados en forma previa a su retiro.
  1. En caso que el vehículo retenido por la comisión de una falta, no fuera retirado del corralón o depósito que habilite la autoridad de aplicación por el propietario o su representante, luego de trascurrido 6 (seis) meses de haber sido notificado por el Juzgado de Faltas interviniente, personalmente por cédula de notificación o telegrama colacionado; dicho vehículo será comisado y rematado en subasta pública, quedando el remanente de la venta a favor de la Institución interviniente.

c) La documentación y los vehículos, ya sean de vehículos particulares, de transporte de pasajeros público o privado o de carga, cuando:

  1. No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
  1. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo consignado en la documentación y el vehículo verificado.
  1. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los mismos o su habilitación.
  1. Estén prestando un servicio de transporte automotor de pasajeros careciendo de permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos en la normativa vigente, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran aplicarse.

Artículo 107.- Obligación de sometimiento a pruebas.

Todo conductor de vehículos y los involucrados en un accidente de tránsito debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por sustancias estupefacientes o sicotrópicas en el momento del hecho.

La autoridad de aplicación deberá practicar la prueba por separado, respetando la dignidad del presunto infractor, pudiendo filmar o fotografiar el acto.

La negativa a realizar la prueba constituye falta gravísima, salvo causa debidamente justificada.

En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible, asegurar su acreditación y cadena de custodia.

Los médicos que detecten en sus pacientes una enfermedad, intoxicación, disminución o pérdida de función o ausencia de un miembro, que tenga incidencia en la idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles que no pueden hacerlo o informarles de las precauciones que deberán adoptar en su caso. Igualmente, deberán hacerlo cuando prescriban drogas que produzcan tal efecto.


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